Este Blog tiene la intención de servir como un espacio abierto, para la comunicación y el encuentro de todos los habitantes del barrio la Macarena, Bosque Izquierdo y Torres del Parque, que se sienten afectados por algunas problemáticas de Convivencia y respeto entre los vecinos. Invitamos a todos a participar activamente con su información y opinión, en los diferentes debates y coordinación de acciones para la defensa de derechos y promoción del mejoramiento de la zona.

EJEMPLO DE TUTELA POR RUIDO

Señor
Juez civil municipal de Cajicá
E. S. D.

Asunto: acción de tutela contra la sociedad Aceros, Metales y Mallas Ltda

Claudia Patricia Valbuena, mayor de edad, vecina y residente en esta ciudad, identificada con la C.C. Nº 52.619.3556 de Usaquén, Cundinamarca, ante Ud. respetuosamente promuevo acción de tutela contra la sociedad Aceros, Metales y Mallas Ltda (NIT 800045011-7), entidad representada legalmente por el Señor Jorge Macías Sierra, igualmente mayor de edad y de esta vecindad, toda vez que la mencionada compañía produce cantidades excesivas de ruido, lo cual perturba las actividades diarias, calidad de vida y el sueño de los habitantes del sector, lo que a su vez a llegado a afectar el goce efectivo del derecho a la intimidad personal y familiar, la tranquilidad, la dignidad humana, y la salud, de quienes residen en las cercanías, dentro de los cuales hay varios sujetos de especial protección constitucional, es decir, niños y niñas, así como, personas de tercera edad. Con todo, fundamento la presente tutela en los siguientes:

1. HECHOS

PRIMERO: El día 3 de diciembre de 2010, elevé derecho de petición ante la Alcaldía de Cajicá solicitando que se tomaran medida por la grave situación de contaminación auditiva que se había venido presentado por parte de la compañía Aceros, Metales y Mallas, ubicada en el Km. 1 de la Vía Cajicá-Zipaquirá, vereda Río Grande, entrada Puerta del Sol, la cual durante todo el día y toda la noche genera grandes cantidades de ruido que afectan la vida diaria, el sueño y salud de los vecinos del sector, dentro de los cuales hay niños y adultos mayores.

SEGUNDO: El día 20 de diciembre de 2010, el arquitecto Ómar Alexander Gantiva Zorro, Gerente de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Cajicá, respondió al derecho de petición elevado, señalando que se había iniciado un proceso en la Oficina Jurídica de Desarrollo Administrativo -de radicado 029 de 2010- por los hechos señalados y que esta entidad había solicitado a la Corporación Autónoma Regional que se designase un profesional para que realizara las mediciones necesarias para determinar si el ruido producido por la compañía Aceros, Metales y Mallas, se encontraba dentro de los niveles permitidos.

TERCERO: En comunicaciones que datan de los días 25 de octubre y 12 de noviembre del mismo año, se había ya solicitado a la CAR que se enviase un funcionario para hacer la medición de ruido correspondiente a la compañía Ceros, Metales y Mallas.

CUARTO: El día 31 de enero de 2011, dirigí derecho de petición al señor Juan Ricardo Alfonso, Personero de Cajicá, solicitándole ayuda para superar la situación de ruido insoportable que afecta a los habitantes del sector, al paso le informé que, de acuerdo con una llamada hecha a la CAR, me enteré que la prueba de medición de ruido no iba a poderse realizar durante al menos dos meses, pues el instrumento para realizar tal prueba se encontraba en mantenimiento en los Estados Unidos de América.

QUINTO: El 14 de febrero de 2011, el señor Juan Ricardo Alfonso Rojas, Personero de Cajicá, respondió mi derecho de petición, donde me informó que lo remitió a la Gerencia de Desarrollo Administrativo, la Gerencia de Planeación e Infraestructura, la Inspección de Policía, la Oficina de Saneamiento Ambiental del municipio de Cajicá y la CAR de Cundinamarca, pues estas serían las entidades llamadas por competencia a responder mi solicitud.

SEXTO: En respuesta de 18 de febrero de 2011, el señor Ómar Hernán Osorio Valbuena, Gerente de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Cajicá, me reiteró la existencia de un proceso por los hechos referidos y señaló que se habían practicado una serie de pruebas, dentro de las cuales se encontraba la verificación del cumplimiento con la documentación requerida a la compañía Aceros, Metales y Mallas Ltda. Señaló el funcionario que la referida compañía no aportó el certificado de uso del suelo, pues el acuerdo 021 de 2008 no permite el desarrollo de esta actividad en el sector, aunque la compañía podía suscribir un plan de mitigación ante la Gerencia de Planeación, donde se ordena mitigar impactos de ruido y cumplir un horario para el desarrollo de esta actividad, el mencionado plan se encontraba en estudio y pendiente de firma. Se indicó en el mismo documento que se había remitido copia de los derechos de petición a la Dirección Local de Salud y la CAR, y que se había hecho una visita a las instalaciones de la compañía.

SÉPTIMO: Ante la necesidad de dar solución al problema del ruido que afecta de forma extraordinaria e injustificada a los habitantes del sector, el día 4 de marzo dirigí derecho de petición a la señora Pilar Cuervo, de la Gerencia de Desarrollo Administrativo, donde señalaba que la fábrica seguía generando un ruido desproporcionado de forma continua, lo que incluía fines de semana, festivos, madrugadas y a veces las 24 horas del día.

OCTAVO: En escrito fechado el 3 de marzo de 2011, la Personería de Cajicá remitió copia de las actuaciones realizadas por ellos y las respuestas dadas por parte de la CAR y la Inspección de Policía de Cajicá.

NOVENO: El 17 de marzo, la Personería me envió una comunicación donde emitía copia de las respuestas de la Gerencia de Planeación e Infraestructura y la Gerencia de Desarrollo Administrativo. La primera de estas entidades informa a la Personería que había informado a la Gerencia de Desarrollo Administrativo que se había elaborado un acta de compromiso ante la Gerencia de Planeación e Infraestructura, pero que esta aún no se encontraba firmada, por lo que la empresa Aceros, Metales y Mallas no contaba con un uso viable del suelo para la actividad que desarrolla. Se dijo en la comunicación a mi remitida que, en la visita realizada a la fábrica el día 17 de febrero, el ruido percibido por quienes acudieron a la inspección era soportable, pero que había algunas máquinas que no se encontraban en operación en aquel momento.

DÉCIMO: El 18 de mayo de 2011, remití nuevamente un derecho de petición ante la Personería solicitando ayuda por el ruido insoportable que la fábrica continuaba generando tanto de día como de noche, incluidos fines de semana y festivos. Así mismo, solicitaba a la Personería que se me explicara por qué si no existía un uso viable del suelo para la fábrica Aceros, Metales y Mallas, esta continuaba realizando sus actividades de forma normal.

UNDÉCIMO: El 1 de Junio, la Personería respondió señalando que se había remitido mi memorando a las autoridades correspondientes y que estas habrían de responder a mi solicitud. En el entretanto, la Personería se comprometió a seguir haciendo seguimiento al particular.

DUODÉCIMO: El 13 de junio, la Gerencia de Desarrollo Administrativo, informó que la solicitud por mi radicada ante la Personería y remitida por esta entidad a la Gerencia de Desarrollo Administrativo, se había remitido a su vez a la Alcaldesa de Cajicá, teniendo en cuenta que el expediente del proceso se encontraba en su despacho desde el día 23 de mayo de 2011, a fin de resolver un recurso de apelación interpuesto por los representantes de la fábrica.

DÉCIMO TERCERO: La Personería, el día 29 de junio de 2011, me remitió las respuestas expedidas por la Gerencia de Desarrollo Administrativo, la Gerencia de Planeación e Infraestructura, la CAR de Cundinamarca y la Inspección de Policía, al memorial radicado el día 18 de mayo.

DÉCIMO CUARTO: E 29 de junio, dirigí derecho de petición ante la Personería solicitando de nuevo ayuda ante el ruido insoportable que afectaba gravemente la salud, la posibilidad de descanso y la intimidad de los habitantes del sector circundante a la fábrica Aceros, Metales y Mallas. Al tiempo, señalaba que hace 9 meses se había reportado el caso y que aún no se habían tomado medidas que remediasen la situación.

DÉCIMO QUINTO: El 1 de agosto del presente año, se me informó por parte de la Gerencia de Desarrollo Administrativo que la autoridad competente para resolver la queja impetrada a causa del ruido insoportable es la CAR de Cundinamarca, a la cual se había exhortado en múltiples oportunidades para que tomara medidas pertinentes, sin que hasta la fecha se hubiesen realizado visitas o control de algún tipo.

DÉCIMO SEXTO: El 26 de agosto, radiqué derecho de petición ante la Alcaldesa de Cajicá solicitando ayuda con el problema del ruido producido por la fábrica Aceros, Metales y Mallas Ltda., el cual se había tornado desesperante, pues turbaba la tranquilidad de los habitantes del sector, afecta el desarrollo cotidiano de las actividades de los vecinos y da lugar a afectación al derecho a la salud de los mismos, dentro de los cuales hay niños y ancianos. (Acá sería bueno poner datos concretos sobre los niños y niñas que habitan la zona)

DÉCIMO SÉPTIMO: Hasta el día de hoy el problema del ruido persiste y no se ha dado solución al impase por parte de ninguna autoridad.

2. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Si bien la presente acción de tutela se interpone contra un particular, como lo es la sociedad Aceros, Metales y Mallas Ltda la jurisprudencia constitucional es extensísima sobre la materia y, en numerosos casos de ruido excesivo, ha señalado que la acción de tutela es procedente frente a particulares en estos casos. Así, en la sentencia T-454 de 1995, donde se abordó el tema del ruido exagerado producido por una iglesia, la Corte Constitucional recordó:
“La acción de tutela contra el particular que afecta grave y directamente el interés colectivo es consagrada sobre el supuesto de que la persona -natural o jurídica- a la cual se sindica de vulnerar los derechos fundamentales haya desbordado los límites del comportamiento normal de los particulares, llevando a cabo actos positivos o asumiendo actitudes negativas que repercuten de manera protuberante, grave y directa en el ámbito público, con menoscabo, lesión o amenaza de los intereses comunes. Es claro para la Corte que la congregación religiosa demandada no se ha limitado a ejercer el culto en un ámbito privado dentro del cual se desenvuelvan las ceremonias para la exclusiva audiencia de sus integrantes, sino que, por el contrario, mediante el uso de altoparlantes y equipos de sonido, invade espacios ajenos, penetra en las residencias aledañas, se hace sentir ruidosamente en horarios nocturnos y en días de descanso, forzando la participación de los vecinos en su devoción. Por lo tanto, el interés colectivo sí está comprometido, de manera grave en lo que atañe a los señalados derechos, por lo cual es procedente la acción de tutela para demandar su protección.”

Ahora bien, sobre la procedencia de la acción de tutela contra particulares, es preciso recordar que es el Art. 42 del decreto 2591 que regula el tema. Este artículo señala que la tutela procede frente a particulares cuando la acción busque tutelar a quien se encuentre en un estado de indefensión respecto al particular contra el cual se interpuso la acción, en este sentido la sentencia T-203-1997: Mp: Eduardo Cifuentes Muñoz, ha sostenido que la inactividad de las autoridades puede generar un estado de indefensión, así señaló:
“Los peticionarios enviaron sendas comunicaciones a los inspectores de policía, en las que solicitaron su colaboración para poder solucionar el problema, sin que hasta el momento se haya obtenido resultado alguno. Lo anterior, permite dedudir que se ha acudido a las autoridades administrativas competentes para solicitar la protección de su derecho a la tranquilidad, con el fin de que el establecimiento accionado se abstenga de seguir vulnerándolo, sin que estos medios hayan sido efectivos, por la inactividad o ineficacia de estas autoridades públicas, lo que los coloca en el estado de indefensión.”

En el caso concreto que da lugar a la presente acción de tutela, se presenta esta situación, pues como se narró y consta en los documentos que se remiten, se enviaron múltiples derechos de petición a las autoridades del municipio de Cajicá y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ninguna de las cuales surtió efecto, pues el problema de ruido aún continúa afectando a todos los habitantes del sector, sin que se haya dado solución alguna. Lo anterior genera que los residentes de la zona circundante a la fábrica Aceros, Metales y Mallas, nos encontremos en un estado de indefensión frente al particular, lo que hace procedente la presente acción de tutela contra la mencionada compañía.

La situación de indefensión que nos encontramos los habitantes del sector frente al ruido exagerado producido por la fábrica proviene además del hecho de que no podemos disfrutar de nuestros derechos fundamentales a la intimidad familiar y personal, a la tranquilidad y a la dignidad humana, debido a una cuestión fáctica como lo es el ruido producido por la compañía, en concubinato con la inacción de las autoridades del municipio y la CAR de Cundinamarca, en este sentido, vale la pena mencionar de nuevo la sentencia T-203 de 1997, la cual retoma la sentencia T-210 de 1994, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:
“La situación de indefensión es una circunstancia empírica, no normativa, que coloca a la persona en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su voluntad. Pese a que, in abstracto el ordenamiento jurídico dispone de medios de defensa judicial para la protección de los derechos e intereses, en la práctica, diversos factores de hecho, entre ellos la inacción de las autoridades públicas, pueden dar lugar a la desprotección y consecuente indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular. En estos casos, al juez de tutela corresponde verificar si efectivamente se configura una situación o relación de indefensión en la que esté en juego algún derecho fundamental que deba ser tutelado.”

Sobre la inoperancia de las medidas administrativas, es preciso recordar la sentencia T-1158 de 2005 M. P.: Alfredo Beltrán Sierra, la cual itera:
“La inoperancia de los medios administrativos previstos en el ordenamiento para el control de la contaminación auditiva, hace que en este caso sea palmariamente clara la situación de indefensión en que se encuentra la actora frente al agente emisor de la contaminación. La situación de indefensión, es la que ha tenido en cuenta la Corte Constitucional, en otras oportunidades, como razón suficiente de la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares”

Al mismo tiempo, es preciso tener en cuenta que la indefensión es la imposibilidad de resistir a la acción lesiva del derecho fundamental en cuestión, no la simple ausencia de medidas alternativas para sobrellevar la situación, así en la sentencia T-025/94, se consideró al respecto:
“En el presente asunto, a juicio de la Sala, la situación de indefensión de la peticionaria respecto de la factoría de muebles, es clara. Y es de naturaleza fáctica, pues frente a la emisión constante del ruido, poco es lo que la actora puede hacer para suprimir o aminorar sus causas. Podría decirse que con protectores de los oídos, como los que recomiendan los expertos en salud ocupacional, la afectada estaría en capacidad de superar los inconvenientes. Pero ese no es el caso. El concepto de indefensión se refiere a la posibilidad de la víctima de enfrentarse con éxito al origen del problema. No se ocupa de las diversas alternativas para afrontar los efectos molestos o dañosos. Esto es obvio, si se tiene en cuenta que, prácticamente siempre, las víctimas de las contaminaciones o poluciones podrían, por ejemplo, irse del lugar afectado y, así, se llegaría a una situación -contradictoria de la ley- en la que jamás se daría la indefensión”.

De igual forma, es importante ocuparnos del tema de la ausencia de otro medio de defensa judicial que hace operante la acción de tutela frente al caso de problemas producidos por el ruido. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que en los casos donde el ruido excesivo ha afectado los derechos a la intimidad personal y familiar, así como el derecho a la tranquilidad, se está frente a una situación donde no existe otro medio de defensa judicial efectivo para lograr que la perturbación originaria de la violación ius-fundamental se detenga.

En este sentido, ha dicho la Corte que la mera existencia de mecanismos administrativos como la querella policiva no satisfacen la necesidad de protección judicial que la vulneración a un derecho fundamental acarrea. Es preciso por tanto recordar las palabras de la Corte en la sentencia T-525 de 2008, M. P.: Mauricio Gonzales Cuervo:
“Ahora bien, en circunstancias que involucran emisiones sonoras elevadas por parte de congregaciones religiosas y la posible afectación de derechos fundamentales de los vecinos por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha sido constante en considerar que en tales casos puede llegar a ser pertinente el amparo de los derecho a la intimidad y la tranquilidad por vía de tutela, toda vez que los afectados no cuentan con otro medio de defensa judicial para la adecuada protección de sus derechos, en la medida en que los medios de defensa tienden a ser de carácter preferentemente administrativo y no judicial. El trámite policivo, de hecho, como medio de protección alegable, no ha sido considerado por la jurisprudencia como una acción suficiente para suscitar la improcedencia de la acción de tutela en estos casos, porque como es sabido, el único mecanismo de defensa que puede desplazar el amparo es aquel que siendo judicial y no de otra índole, tiene una idoneidad semejante a la acción constitucional para asegurar la efectiva protección de los derechos fundamentales.”

En la misma providencia, sobre el tema de la procedibilidad de la tutela en casos como el que nos convoca sostuvo:
“En ese orden de ideas, sea por (a) la ausencia de mecanismos judiciales de defensa que permita cuestionar la conducta indebida de una iglesia en particular que afecte presuntamente el derecho a la intimidad o a la tranquilidad de las personas, o (b) por la posible inactividad o negligencia de las autoridades públicas que hace que se invoquen infructuosamente mecanismos administrativos de defensa, lo cierto es que la persona afectada en sus derechos fundamentales se encuentra en estos casos, en situación de indefensión frente a una comunidad religiosa involucrada. Tal indefensión y la ausencia de medios de defensa alternativos, ha sido considerada por esta Corporación como razón suficiente para la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares en estos casos.”

Finalmente, es preciso dejar en claro que si bien la protección del medio ambiente, valor constitucional también comprometido en los casos de ruido excesivo, puede intentarse por medio de una acción popular, en casos donde se han comprometido derechos fundamentales, la acción de tutela sí resulta procedente, en tal sentido es preciso recordar la sentencia T-203 de 1997, donde se sostuvo:

“De otra parte, la solicitud de amparo con el fin de evitar las molestias producidas por el excesivo ruido, está relacionada con el medio ambiente sano, el cual, en principio, se puede proteger por las llamadas acciones populares, a menos de que éste afecte directamente un derecho fundamental como la salud o la vida, caso en el cual procede la tutela, siempre y cuando se pruebe el nexo causal entre la actividad vulneratoria del medio ambiente y el daño al derecho fundamental (Sobre este tema se puede consulta la sentencia T-357 de 1995, MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero).”

En el caso en concreto, a más de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y el derecho fundamental a la tranquilidad, se afecta además el derecho a la salud y la dignidad humana, el cual tiene un carácter fundamental, más cuando la persona que ve afectada la calidad de vida niños y niñas y de personas de tercera edad. En efecto, en los alrededores de la fábrica habitan menores y adultos mayores que han visto afectado su derecho fundamenta a la salud y a crecer en un ambiente sano, lo que contradice los mandatos constitucionales y por tanto hacen que la acción de tutela resulte adecuada para buscar la protección que se solicita.

En conclusión, por estar en un estado de indefensión frente a la compañía Aceros, Metales y Mallas, por no existir otro medio de defensa judicial efectivo para la protección de los derechos fundamentales afectados, y por estar en juego intereses como la intimidad personal y familiar, así como la tranquilidad y a salud, tanto de adultos como de niños y niñas, se tiene que la presente acción de tutela resulta procedente en el caso concreto.

3. DERECHOS VULNERADOS

El ruido que produce la entidad demandada vulnera derechos reconocidos en la Constitución Política de Colombia, tales como: el derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 15), el derecho a la dignidad humana (Art. 1), los derechos de los niños y las niñas (Art. 44), los derechos de las personas de tercera edad (Art. 46), y el derecho a la salud (Art. 49) en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre la materia (Arts. 92 y 93).

En numerosas ocasiones la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la intimidad personal y familiar, comprenden el derecho a no ser perturbados por ruidos exagerados, pues esto se erige como una intromisión desproporcionada lesiva de derechos fundamentales. En tal sentido, en la sentencia T-454 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde se abordaba el ruido excesivo que generaba una iglesia a los habitantes del sector circundante, señala:

“El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea. (…) “Sin embargo, una interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (CP art. 93), exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos molestos e ilegítimos. En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

“La prohibición que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la persona frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al espacio físico de su exclusivo control, sino también la ampara contra las invasiones que penetran la esfera de intangibilidad de su vida personal o familiar, mediante aparatos electrónicos o mecánicos, en este caso ya no tan sólo en forma directa e intencional. La amplitud del concepto de “injerencia”, contenido en el derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática.”

Ahora bien, la Corte Constitucional, ha continuado nutriendo su postura consistente en sostener que el ruido excesivo se erige como una forma de intromisión arbitraria en la vida privada que resulta lesiva del derecho fundamental a la intimidad, entre otros; en tal sentido, señaló la Corte Constitucional en la sentencia T-200 de 1996, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, donde se abordó el tema de ruido excesivo producido por un parqueadero, que:

“Así pues, conviene recordar que, trascendiendo la concepción espacial o física de la intimidad, el concepto de injerencia arbitraria, contenido en el derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, ha sido objeto de un entendimiento amplio en la jurisprudencia de esta Corporación, de modo que “incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática”.

Sobre el derecho a la tranquilidad, agregó la Corte en la misma sentencia que:

“En relación con el derecho a la tranquilidad la Corte Constitucional lo ha distinguido del derecho a la paz que no siempre resulta conculcado por el efecto que sobre una persona genere el quehacer de otra. La paz constitucional es, entonces, diferente de la tranquilidad subjetiva de los asociados que “es un derecho personalísimo derivado por necesidad del derecho a la vida digna”. La Corte ha señalado que “a nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el bien común”.

Por su parte, la Sentencia T-1158 de 2005, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra, donde se abordó el problema de ruido exagerado producido por la construcción de un edificio, cita la sentencia T-028 de 1994, donde la Corte sostuvo que el derecho a la tranquilidad es uno protegible por medio de la acción de tutela, en cuanto se integra al principio de la dignidad humana, indicó el juez constitucional que:

“… la tranquilidad se ha erigido en derecho susceptible de protección por esta vía, en tanto es inherente a la persona humana y se encuentra dentro de los derechos del artículo 94 superior. La jurisprudencia lo ha catalogado como personalísimo, derivado por necesidad del derecho a la vida digna. Si bien es cierto que la tranquilidad tiene una dimensión subjetiva, indeterminable, y por lo tanto imposible de ser objeto jurídico, también es cierto que existen elementos objetivos para garantizar ese bienestar íntimo de la persona, dada la influencia del entorno sobre el nivel emocional propio. A nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el bien común. Y esto obedece a una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los individuos que integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de Estado.”

En la misma sentencia, se recuerda lo establecido por el Tribunal Constitucional en relación al ruido excesivo como una forma de intromisión injustificada en la vida privada, violatoria del derecho a la intimidad personal y familiar:

“De otro lado refiriéndose al ruido como limitante para ejercer derechos fundamentales en sentencia T-394 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo se dijo lo siguiente: “Ahora bien, en repetidas oportunidades esta Corporación ha dicho que la contaminación auditiva puede constituir una intromisión indebida en el espacio privado de las personas, y que, por contera, implica generalmente la transgresión de los derechos a la intimidad personal y familiar, a la paz y a la tranquilidad, sin perjuicio de los daños que aquélla pueda ocasionar a la salud o a la calidad de vida”.

Así, cabe recordar la sentencia T-525 de 2008, M.P.: Mauricio Gonzales Cuervo, donde se reiteró la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en cuanto al ruido un elemento que vulnera los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, así como a la tranquilidad:

“De allí que aunque el ruido sea reconocido como un agente contaminante del medio ambiente, una perturbación sonora a niveles que afecten a las personas, ante la omisión de las autoridades de controlar las situaciones de abuso, es una interferencia que afecta el derecho a la intimidad personal y familiar y puede en consecuencia, ser sometida a protección constitucional.”

Por su parte, la misma sentencia en relación al derecho a la tranquilidad señala:

“Por otra parte, en lo concerniente al derecho a la tranquilidad, si bien la Carta no lo ha reconocido expresamente como un derecho de carácter fundamental, jurisprudencialmente en virtud de la interpretación sistemática de los artículos 1º, 2º, 11, 15, 16, 22, 28, 95-6 y 189-4 de la Constitución Política, ha sido concebido como un derecho inherente a la persona humana (Art. 94 C.P.), dada su relación estrecha con el derecho a la vida, a la intimidad y a la dignidad. En efecto, como lo ha examinado la jurisprudencia constitucional, la conservación de la tranquilidad dentro del orden constitucional debe considerarse un derecho de los ciudadanos, que se desprende del Preámbulo de la Carta Política al referirse a la vida, a la convivencia pacífica y a la paz, las cuales constituyen el sustento de la tranquilidad, como garantes de un orden justo.”

Toda la jurisprudencia anterior puede aplicarse al caso concreto. Para empezar, el ruido excesivo producido por la compañía Aceros, Metales y Mallas, perturba de forma exagerada y desproporcionada los derechos a la intimidad personal y familiar, así como el derecho a la tranquilidad tanto mía, como de los demás habitantes del sector, en la medida que al trabajar de forma continua, todos los días de la semana y a todas horas, no permiten a los habitantes del sector conciliar el sueño, ni tampoco desempeñar sus actividades diarias de forma normal.
Por otra parte, el ruido ocasionado vulnera la dignidad humana de los habitantes de la zona, donde se encuentra ubicada la fábrica. La dignidad humana es un principio constitucional reconocido en la Constitución Política de Colombia (arts. 2 y 94). Es también un derecho innominado según reiteración jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia a la par con el derecho al mínimo vital y a la seguridad personal. Para la Corte, estos derechos también gozan de protección a nivel del derecho internacional de los derechos humanos; son derechos básicos e interdependientes necesarios para garantizar las mínimas condiciones de respeto del derecho a la vida y, como tales, “inherentes a la persona humana” en el sentido del artículo 94 de la Constitución .
En la sentencia T-881 de 2002 la Corte Constitucional indicó que la dignidad humana tiene una especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la Constitución. En esta sentencia la Corte señaló que su interpretación de la dignidad humana según la cual “el hombre es un fin en sí mismo” se encuentra en estrecha relación con el tercero de los imperativos categóricos kantianos, en el que se postula uno de los principios básicos de la filosofía práctica kantiana así: “obra de tal forma que la máxima de tu actuación esté orientada a tratar a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro como un fin y nunca como un medio”. Así entonces, la Corte preciso:
“[a] pesar de su distinta naturaleza funcional, las normas deducidas del enunciado normativo dignidad humana -el principio constitucional de dignidad humana y el derecho fundamental a la dignidad humana- coinciden en cuanto al ámbito de conductas protegidas. En efecto, ha sostenido esta Corporación que en aquellos casos en los cuales se emplea argumentativamente la dignidad humana como un criterio relevante para decidir, se entiende que ésta protege: (i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como se quiere), (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), (iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).” (…) “La dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los particulares” .

Lo anterior se traduce y se hace concreto en la idea que la afectación que se genera al normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas, así como al sueño, y la tranquilidad de los habitantes, constituye una vulneración a la dignidad humana de los habitantes de la zona en mención a vivir como quieren y vivir bien, razón por la cual se solicita al juez constitucional que ordene las medidas solicitadas a fin de impedir que esta situación se prolongue por más tiempo, afectando a las personas que habitamos el sector.

3.1. Interés Superior del Menor Consagrado en El Art. 44 de la Constitución y en los Art. 16 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989

Nuestra Constitución señala en su Art. 44 que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, al mismo tiempo, el mismo artículo señala que es deber de la sociedad y el Estado garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños.En este mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra en su Art. 16 el derecho que tienen los niños a no ser sometidos a injerencias arbitrarias en su vida privada o su familia, y tiene derecho además de ser protegido contra tales injerencias por parte del Estado. Así mismo, el Art. 24 de la Convención establece el deber de los Estados de propender por el derecho del menor a gozar del más alto nivel posible de salud.

En el caso concreto, estos derechos están siendo negados a los niños y niñas que residen en las inmediaciones de la fábrica Aceros, Metales y Mallas, pues están sometidos a un ruido constante y exagerado que representa, en primer lugar, una injerencia injustificada en su intimidad tanto personal como familiar, lo que se colige de las sentencias de la Corte ya citadas, donde se reconoce al ruido desproporcionado como una forma de lesión al derecho a la intimidad.

De otro lado, el ruido también trae consecuencia que los niños vean perjudicado su derecho a crecer en medio ambiente sano, lo que a su vez incumple el imperativo constitucional de garantizar el desarrollo armónico del menor. Un niño sometido a un ruido insoportable, que no le permite conciliar el sueño ni encontrar tranquilidad no se encuentra en un ambiente propicio para su crianza, lo que termina por impedir que este se desarrolle a plenitud.

La misma contaminación auditiva es responsable de afectaciones en la salud de los menores que residen en las inmediaciones de la empresa Aceros, Metales y Mallas, lo que contradice la Constitución y viola los derechos fundamentales de los menores, pues como sabemos, el derecho a la salud del niño es en si mismo un derecho fundamental. Recordemos que «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» Por consiguiente, si bien los niños y niñas no han desarrollado una enfermedad concreta, su calidad de vida como parte de concepto integral de salud está siendo afectada día a día producto del ruido que ocasiona la entidad demandada.

Aún cuando es cierto que la Constitución Política garantiza la libertad de empresa, el derecho al trabajo y la explotación económica de acuerdo a la ley, en el caso concreto, la empresa Aceros, Metales y Mallas, se encuentra realizando actividades industriales en un sector cuyo uso del suelo no se encuentra habilitado para tal fin, lo que se ve agravado por el ruido insoportable que vulnera los derechos de las personas que habitan en las cercanías del lugar, dentro de los cuales muchos son niños.

Bajo este entendido, es preciso recordar que los derechos de los niños, tal como lo establece la Constitución, priman sobre los derechos de los demás, lo que en el caso concreto se traduce en la comprensión de que la libertad de empresa, el derecho al trabajo y el derecho a la explotación económica que realiza la empresa Aceros, Metales y Mallas, ha de ceder frente a intereses que la Constitución de forma explícita considera superiores, tal como se consagra en el Art. 44 de la Carta y que ha sido reconocido por la Corte Constitucional bajo la figura del interés superior del niño, así se indicó en la sentencia C-738 de 2008, M. P.: Marco Gerardo Monroy Cabra:

En el panorama jurídico colombiano los niños merecen un trato especialmente protector, que debe reflejarse en todos los aspectos de la legislación, cuando quiera que el Estado identifique puntos de posible vulnerabilidad. Esta necesidad de considerar, en todos los aspectos de la realidad jurídica, que el derecho del menor tiene prevalencia sobre los demás, se conoce como el principio de interés superior del menor y constituye principio de interpretación de las normas y decisiones de autoridades que pueden afectar los intereses del niño. Este principio condiciona el actuar de la totalidad del Estado, así como de las instituciones privadas de bienestar social, a la hora de tomar decisiones en las que se vean afectados niñas y niños; siempre se ha de considerar, primordialmente, el interés superior del niño.

En el caso concreto el interés superior del niño está dado por la protección por medio de esta acción de esta tutela de los derechos de los menores a crecer en un ambiente sano, a disfrutar de su derecho a la intimidad personal y familiar, así como el derecho a la tranquilidad, la salud y tener un desarrollo armónico. Todos estos derechos tienen un carácter ius-fundamental, pues sus titulares son menores y por tanto la decisión del juez de tutela ha de estar encaminada a velar por la salvaguarda de estos derechos, de conformidad a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencias como la T-572 de 2010, M. P.: Juan Carlos Henao Pérez, donde se dijo:

La jurisprudencia constitucional ha hecho esfuerzos significativos para sistematizar los estándares normativos, nacionales e internacionales frente a los cuales se ha comprometido el Estado colombiano, en relación con el alcance y contenido de los principios de protección especial a la niñez y promoción del interés superior y prevaleciente del niño. Así, de acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el artículo 44 de la Constitución Política, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. A partir de esta cláusula de prevalencia, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los niños, niñas o adolescentes tienen un estatus de sujetos de protección constitucional reforzada, lo que significa que la satisfacción de sus derechos e intereses, debe constituir el objetivo primario de toda actuación (oficial o privada) que les concierna. Esta protección especial de la niñez y preservación del interés superior para asegurar el desarrollo integral se encuentra consagrada en diversos tratados e instrumentos internacionales que obligan a Colombia.

Se concluye de esta forma que al estar en juego derechos fundamentales de menores, que ven reforzada su protección en virtud del principio del interés superior del niño, es menester garantizar que el ruido descomunal producido por la compañía Aceros, Metales y Mallas cese y permita que los niños vean restablecidas las condiciones necesarias para garantizar su desarrollo armónico.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento la presente acción en los artículos 15, 93 y 94; 44; 46 y 86 de la Constitución Nacional, Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y demás normas concordantes y complementarias al caso materia de estudio.

5. PETICIONES
Con fundamento a lo anteriormente expuesto le solicitamos señor(a) juez(a) constitucional acceder a las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se ordene a la compañía Aceros, Metales y Mallas Ltda cesar de forma inmediata el insoportable ruido generado en desarrollo de su actividad industrial que perturba la tranquilidad de los vecinos del sector, o en su defecto, que disminuya tal ruido a límites admisibles para permitir el desarrollo normal de las actividades de los residentes de la zona.

SEGUNDA: Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Personería de Cajicá, a la Alcaldía de Cajicá, a la Gerencia de Desarrollo Administrativo, a la Gerencia de Planeación e Infraestructura y a la Inspección de Policía de Cajicá, o a quien corresponda, tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el cese definitivo del ruido producido por la fábrica Aceros, Metales y Mallas Ltda., que aqueja a los habitantes del sector.

TERCERA: Que se ordene a la Alcaldía de Cajicá y a la Gerencia de Planeación e Infraestructura o a quien corresponda, tomar las medidas pertinentes a garantizar la no realización de actividades industriales en la zona circundante a nuestra unidad residencial, en la medida que, de acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, estas actividades implican un uso del suelo no permitido en el sector.

6. PRUEBAS

Solicito se tengan como tales las siguientes:

6.1. Documental:
a) Copia del derecho de petición remitido a la Alcaldía de Cajicá de 30 de noviembre de 2010.
b) Comunicación de la Gerencia de Planeación e Infraestructura del día 20 de diciembre de 2010.
c) Copia de la comunicación de la Gerencia de Desarrollo Administrativo dirigida a la CAR del día 25 de octubre de 2010.
D) Respuesta de la Gerencia de Desarrollo Administrativo

6.2. Testimonial:
Solicito se sirva citar y hacer comparecer a su Despacho a las siguientes personas todas ellas mayores de edad y residenciadas en esta ciudad, para que declaren sobre la situación de ruido generado por la fábrica Aceros, Metales y Mallas Ltda:

1. Citar (nombre de personas dispuesta a ir al juzgado)
2. Citar
3. Citar

7. PROCEDIMIENTO

Decretos 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992, Decreto 1382 de 2000.

8. COMPETENCIA

Es Ud. Señor Juez competente por lo establecido en la ley para conocer del presente asunto, ello de conformidad al Art. 37 del decreto 2591 de 1991.

9. DECLARACIÓN JURADA

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que sobre los mismos hechos invocados en esta demanda no he interpuesto otra acción de tutela.

10. NOTIFICACIONES

La accionante en Km. 2 vía Zipaquirá, Conjunto El Pino, frente al Grupo SEB, Antiguo VOLMO, Cajicá, Cundinamarca. Tel: 8795556 o 8796823.

La accionada en Km. 1 vía Cajicá-Zipaquirá. vereda Río Grande, entrada Puerta del Sol.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA VALBUENA
C. C. No 52.619.3556 de Usaquén, Cundinamarca.

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